Sindicatos de trabajadores colombianos y otros sectores sociales ratificaron este miércoles su participación en el paro nacional del 21 de noviembre para protestar contra una posible reforma pensional y laboral del Gobierno y por la supuesta intención de vender algunas empresas estatales como Ecopetrol.

"El objeto es ratificar (...) que tenemos la decisión, mantenemos la decisión de realizar el 21 de noviembre el paro que acordamos desde el pasado 4 de octubre y realizaremos movilizaciones en todo el país", dijo el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Diógenes Orjuela, en una rueda de prensa.

El dirigente explicó que las movilizaciones van en contra del "paquetazo" de supuestas reformas que piensa presentar la Administración del Presidente, Iván Duque.

Según los sindicatos, con dichas reformas se pretende autorizar el pago a jóvenes del 75 % del salario mínimo, permitir la contratación por horas y aumentar el porcentaje de cotización al sistema de pensiones, modificaciones que Duque ha dicho que no va a hacer.

Las centrales obreras

Las manifestaciones son convocadas por la CUT, la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).

Estos sindicatos afirman que el Gobierno insiste en reformas que vienen del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que, en su opinión, son "lesivas para los colombianos".

"Lo que ha dicho el Gobierno es que todavía no las presentará", sostuvo Julio Roberto Gómez, de la CGT.

Entre tanto, el presidente de Fecode, Nelson Alarcón, dijo que los maestros se suman al paro porque "la política (de Duque) es regresiva, perversa", y afirmó que en los últimos 25 años han sido asesinados más de 1.100 profesores.

Rechazo a los violentos

Orjuela explicó que en la reunión que tuvieron el martes con el presidente, en el marco de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, quedó claro que mantienen "el criterio de realizar un paro y unas movilizaciones dentro de la mayor pacificidad", y que rechazan "la violencia venga de donde venga".

A este llamado se sumó Gómez, quien dijo que no están "interesados en legitimar ningún acto de violencia ni contra lo público, ni contra lo privado".

Además, recalcó que, en el caso de Bogotá, cuando se destruyen las estaciones del sistema de transporte Transmilenio los que "pagan son los bogotanos".

No obstante, destacó que hay una "deuda social vigente de los diferentes gobiernos", pues han desconocido acuerdos firmados con estudiantes, trabajadores y otros sectores como los indígenas, camioneros y campesinos.

Respuesta gubernamental

El Gobierno colombiano ha rechazado los llamados a la "violencia", al "vandalismo" y al "pillaje" como mecanismos para expresar descontentos sociales.

"No dejemos que hagan llamados a la violencia, al vandalismo, al pillaje. Entendamos, sí, el clamor de quienes quieren plantear sus ideas en democracia, porque eso es legítimo, pero tengamos claro que la institucionalidad, como un todo, tiene que unirse para invitar a los colombianos a que esa no sea la forma como nos expresamos", afirmó Duque el fin de semana.

Remarcó que "la protesta pacífica es un derecho constitucional", pero rechazó que "traten de promover un incendio de la sociedad" utilizando falacias.

A propósito de los violentos, los dirigentes sindicales pidieron a las autoridades investigar diferentes videos que incitan a la violencia el día del paro ayudados con tecnología para descifrar el origen del mismo y a quienes lo han divulgado en redes sociales.

EFE